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PREVISIÓN

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Condenado a 7 años de inhabilitación un exalcade del PP de Horcajo de los Montes, en Ciudad Real, por un delito de prevaricación administrativa

Se le impone una inhabilitación especial para empleo o cargo público
Alfredo Prado, exalcalde de Horcajo de los Montes | Europa Press

 

El exalcalde por el PP de un municipio de Ciudad Real ha sido condenado a siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa. Se trata de Alfredo Prado, quién fue alcalde de Horcajo de los Montes durante 16 años.

Según la sentencia del Juzgado de lo Penal número 3 de Ciudad Real, «la ilegalidad se aprecia como evidente, patente, flagrante y clamorosa», es por ello que se le condena por los hechos que tuvieron legal en el año 2012.

Dictó una resolución sobre bienes públicos sin la autorización pertinente

Al parecer, según la sentencia del Juzgado, cuando Alfredo Prado era alcalde del municipio en cuestión dictó una resolución permitiendo la extracción de zahorra de un monte público, propiedad del Ayuntamiento y lo hizo sin ningún permiso «a sabiendas de la necesidad de solicitar autorización en todas aquellas actividades que impliquen una utilización privativa del dominio público forestal».

Su delito fue dictar esta resolución sobre el Monte de Utilidad Pública ‘Los Bonales’ por su propia cuenta. Lo hizo con la intención de sacar zahorra que sirviera para hacer edificable una parcela que se quería utilizar para realizar construcciones. En concreto, la empresa privada CYSA Promociones y Construcciones S.L, quería realizar allí una promoción inmobiliaria.

No haber solicitado la autorización es lo que constituye el delito

Técnicos y responsables de la Consejería de Medioambiente han explicado que la extracción de zahorra de un lugar público para llevarlo a otro privado no es una acción ilegal, sin embargo, para poder realizar este hecho es necesaria una autorización previa.

Antes de llevar a cabo tal acción se debe consultar a los responsables de medioambiente y a través de una autorización administrativa se permitiría la extracción. Esta autorización, en caso de concederse, evaluaría la cantidad concreta, el objetivo de la extracción y de qué forma se haría.

Se asegura además que el hecho de que el alcalde no solicitara tal autorización no se debió a que no conociera el procedimiento, pues en anteriores ocasiones ya la había solicitado para otras cosas. Además, cabe destacar que finalmente la empresa de construcción desapareció dejando deudas y sin haber construido las viviendas.