Un juzgado de Córdoba obliga a readmitir a una empleada despedida por coger y comerse una empanadilla

La mujer fue grabada por las cámaras de vigilancia y la empresa lo aportó como prueba, pero ha sido considerada nula
La mujer fue despedida por comer una empanadilla cuando trabajaba | Cedida

 

Un centro comercial de la capital de Córdoba tendrá que readmitir a una trabajadora, a la que había despedido por comerse una empanadilla, después de que un juzgado de la misma provincia así lo haya decretado. Se les da también la opción de indemnizarla con 19.000 euros.

Al parecer, las pruebas que aportaron para llevar a cabo el despido de la mujer no han sido consideradas válidas por el juzgado y se ha determinado que el despido de la mujer ha sido improcedente.

Una sentencia pionera en España

La empresa aportó como pruebas un vídeo de la grabación de las cámaras de seguridad del centro comercial que debían servir como justificación para despedir a la mujer, sin embargo, el juez del caso no lo ha estimado así.

El juzgado cordobés ha considerado que esa prueba era «nula», después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenase a España por tomar como válida tal prueba, según exponían, «sin contar con el consentimiento de los trabajadores». Según la sentencia, la grabación «no puede ser tenida en cuenta» ya que la reproducción de un vídeo grabado sin el permiso de la trabajadora «no soporta un juicio de constitucionalidad».

Se comió una empanadilla y fue despedida

La mujer llevaba 12 años trabajando para el mismo centro comercial y fue el pasado 22 de noviembre cuando le llegó una carta de despido que catalogaban como «disciplinario». Los motivos que le daban era haber cogido y haberse comido una empanadilla en su horario laboral, «una actuación absolutamente fraudulenta y desleal» para ellos.

Al parecer, el servicio de vigilancia había estado realizando «un seguimiento singular de la trabajadora durante varios días. Ahora, la empresa deberá retroceder en su decisión y volver a admitir a la trabajadora, o, si más no, indemnizarla con la cantidad de 19.000 euros.
 

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