La policía detiene a los miembros de un grupo criminal que controlaba apartamentos en Madrid

La 'Operación Mate-Hortelano' fue desarrollada, conjuntamente, entre la Policía Nacional y la Guardia Civil
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La policía acaba con una banda criminal en Madrid | Policia Nacional

 

Cinco personas, integrantes de un grupo criminal de Madrid, han sido detenidas por las Fuerzas de Seguridad, tras una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Entre los investigados, hay dos de nacionalidad española, dos eslovenos y un croata.

 

Las sospechas se centran en que los acusados recurrían a prácticas mafiosas para la ocupación de una urbanización en unos apartamentos localizados en la carreta de Villaverde a Vallecas. Éstos, realizaban amenazas y usaban armas de fuego para sembrar el pánico y exigir el pago de las mensualidades.

 

La policía desmanteló la banda mediante la ‘Operación Mate-Hortelano’, que ha llevado a la detención de los cinco miembros de la red. Alquilaban las viviendas de forma ilegal, obligando a los inquilinos a pagar una renta, mientras los amenazaban para que no contasen lo que estaba sucediendo.


Todos los arrestados han sido imputados por los delitos de detención ilegal, tenencia ilícita de armas, agresión sexual, robo con violencia, amenazas e intimidación. Además, los agentes han intervenido dos armas de fuego largas, una corta, una moto robada con placas dobladas y documentación relevante.

 

Grupo criminal en Madrid

Imagen satelital del lugar dónde se localizan los apartamentos
Imagen satelital del lugar dónde se localizan los apartamentos | Google Maps

 

El operativo comenzó en junio del 2017. Entonces, los agentes descubrieron ciertos acontecimientos, sucedidos en la urbanización, localizada en Madrid, que hacían sospechar el desarrollo de actividades ilegales. Se conocieron coacciones, amenazas y agresiones, contra los inquilinos.


Inicialmente, se descubrió que las viviendas eran propiedad de una sociedad, que alquilaba, de forma legal, algunos apartamentos. Sin embargo, solicitó a un ciudadano español que se encargara del cuidado y protección de la totalidad de la finca, para habitar el resto de domicilios.

 

Sin embargo, el asociado comenzó a gestionar la propiedad al margen de la ley. Realquilaba las viviendas de forma irregular, quedándose con las mensualidades del alquiler. Fue entonces cuando la Policía Nacional y la Guardia Civil recibieron constancia de los hechos.



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